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Cámara de Comercio insta al diálogo para evitar una ‘desestabilización social peligrosa’



La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá apuesta a un diálogo nacional como la fórmula de resolver lo más pronto las crisis política y social que vive el país. 

Por ello, instó al Gobierno de Juan Carlos Varela a instalar dicho diálogo.

“El país vive momentos difíciles en virtud de hechos que, sumados, caldean un clima de confrontaciones que puede conducir a una desestabilización social peligrosa”, destacó la Cámara. 

Señaló que el conflicto entre poderes del Estado, proyectado a manera de medición de fuerzas sobre la próxima contienda electoral, puede “afectar el desarrollo de tal consulta ciudadana con daños incalculables para nuestro sistema democrático”.

“Lo anterior, en el marco de una situación que mantiene a la justicia rehén de un estado de cosas que le impiden, por una parte, eficacia plena para luchar contra la corrupción y la impunidad, y por otra la tardanza en la conformación del esquema institucional de la Corte Suprema de Justicia, destacan la necesidad de lograr prontamente soluciones concretas y efectivas para estos problemas”.

De acuerdo a la Cámara, es propicio la trascendencia del diálogo como fórmula para encontrar respuestas a “nuestras más acuciantes prioridades”.

“Dicho diálogo debe ser instrumentado con las mejores voluntades del país, y – lo ideal –  liderado por el mandatario de la República, a la cabeza de los esfuerzos por asegurar la máxima estabilidad social posible”, agrega.

“Ninguna fuerza legítimamente representativa de los intereses del país, con independencia del nivel o sector que sea, podría sustraerse de una convocatoria animada por estos propósitos para debatir, con civismo tolerante, respetuoso y participativo, los casos que hoy componen la agenda de nuestras preocupaciones nacionales”, apunta. 

La semana pasada, las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) escogieron a los miembros de la nueva Comisión de Credenciales, proceso que fue rechazado por los diputados oficialistas del Partido Panameñista. Se hizo en medio del escenario de huelga que decretaron grupos organizados de la provincia de Colón, quienes reclaman al Gobierno diversos proyecto sociales así como la agilización de construcción de obras públicas. 



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