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Tratar de limitar protestas fue un 'grave desacierto'



El Gobierno Nacional se entremetió con uno de los derechos más valorados por los habitantes del país: el de manifestarse, y tuvo que recular.

A través del Decreto Ejecutivo N.° 281 del 15 de diciembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial, se reglamentó la administración, uso, mantenimiento y aprovechamiento de la Cinta Costera, sin embargo, el punto T del artículo 33, Capítulo IX, causó masivas molestias.

Dicho punto contempló como una prohibición el convocar y realizar manifestaciones de cualquier tipo, dar discursos o sermones públicos sin autorización de la administración de la Cinta Costera, que en este caso estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Precisamente, el artículo 8 del decreto detalló que para obtener la autorización antes mencionada, toda persona natural o jurídica, organización, institución estatal o particular deberá presentar ante el administrador de la Cinta Costera una solicitud por escrito detallando la actividad que se va a realizar con al menos 10 días hábiles previo a la fecha establecida para permitir su verificación y viabilidad.

De ser necesario, el MOP coordinará con el solicitante una reunión para conocer mayores detalles de la actividad y deberá responder por escrito la solicitud al menos tres día antes de la fecha prevista para la actividad solicitada.

Pero la Constitución Política de Panamá es clara en determinar que las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso, solo se requiere aviso previo a la autoridad administrativa local con anticipación de 24 horas, mientras que el documento antes mencionado contempló 10 días de anticipación.

Además, el acuerdo N.°24 del 19 de enero de 2016, que regula el uso de aceras y otros espacios públicos dentro del distrito de Panamá, no contempla reglas sobre las manifestaciones en espacios públicos; solo su artículo 27 describe la prohibición del uso temporal de plazas, parques, avenidas, vías, calles, aceras, campos deportivos o cualquier espacio público dentro del distrito de Panamá para la realización de cualquier tipo de espectáculo público sin autorización de la Alcaldía de Panamá.

Para el abogado y activista Roberto Troncoso, esta medida es absurda y fuera del contexto legal de lo que establece el derecho a concentración. A juicio de Troncoso, este tipo de normas deja en evidencia las imprecisiones que cometen los servidores públicos cuando se refieren a un tema.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez catalogó el documento como “otro desacierto político grave”, pues viola los derechos fundamentales de la Constitución.

El perredista Gerardo Solís consideró que esta es una “muestra más” de la eficiencia selectiva del Gobierno. Y es que el documento salió ocho días después de la protesta pacífica contra la corrupción que se realizó en la Cinta Costera, donde el Gobierno aseguró que un grupo de los manifestantes “orquestó” consignas en contra del presidente Juan Carlos Varela, quien vive en la torre Miramar en Avenida Balboa, muy cerca a la Cinta Costera; de hecho, en una ocasión, la cantante típica Sandra Sandoval denunció que una de sus presentaciones fue interrumpida por orden del mandatario porque presuntamente “estaban haciendo bulla”, cerca de su edificio.

Tras la difusión del decreto, el MOP dijo que “para tranquilidad de los ciudadanos” se modificará el punto T, pues no tenían intención de violentar los derechos de la ciudadanía.


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