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El Supremo rechaza dejar a Junqueras en libertad | España



El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Oriol Junqueras seguirá en prisión preventiva. El Tribunal Supremo ha rechazado este viernes el recurso del expresidente catalán contra la decisión del juez Pablo Llarena de mantenerle encarcelado al entender que existe riesgo de que reincida en los delitos que se le imputan. Por unanimidad, los tres magistrados que integran la Sala de Apelaciones han determinado que existen indicios de la comisión por parte de Junqueras de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, y que también existe un riesgo relevante de reiteración delictiva al no existir ningún dato que permita entender que el exvicepresidente catalán tiene la intención de abandonar la vía unilateral para conseguir la independencia seguida hasta ahora.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, comienza destacando que defender la opción política de independencia de una parte del territorio nacional es legítimo, ya que la Constitución admite la defensa de cualquier posición política incluidas las que defienden la desaparición de la Constitución, pero ha de propugnarse sin cometer delito. En este sentido, los magistrados han querido aclarar en su auto que a la causa contra el procés en el Supremo no se ha abierto para perseguir la disidencia política ni la defensa de una opción independentista, por lo que “no puede hablarse de presos políticos”.

Junqueras, según el Supremo, no se ha limitado a defender la independencia de Cataluña sino que ha participado como vicepresidente del Gobierno catalán en un plan de declaración unilateral de independencia en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y “alzándose contra el Estado español, contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico”.

Ese comportamiento constituye “un hecho ilegítimo, gravísimo en un Estado democrático de Derecho, en el que el cumplimiento de la Ley como expresión formalizada de la voluntad popular aprobada por sus representantes legítimos, y también la misma lealtad al propio sistema democrático que nos rige, imponen ciertos límites que deben ser respetados en aras de una convivencia pacífica y ordenada”.

El auto analiza si la actuación de Junqueras puede encuadrarse en los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, y concluye que sí. Así, destaca que pretender la declaración de independencia fuera de cualquier vía de Derecho y anunciando la firme voluntad de incumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, incitando, junto al resto de partícipes en el plan, a sus partidarios a movilizarse en la calle y forzar al Estado a aceptar la independencia, suponía asumir y aceptar “previsibles y altamente probables episodios de violencia para conseguir la finalidad propuesta”, actos que efectivamente se produjeron, según los jueces.

En ese sentido, la resolución recuerda los “actos de violencia” de los días 20 y 21 de septiembre contra una comisión judicial en la Consejería de Economía de la Generalitat, así como el llamamiento a depositar el voto a miles de personas y abrir los colegios electorales para el referéndum ilegal del 1 de octubre pese a conocer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían la obligación de impedirlo en cumplimiento de las leyes vigentes.

La decisión la han adoptado los tres magistrados de la Sala de Apelaciones del Supremo (Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro) tras escuchar este jueves los argumentos de Junqueras y su abogado a favor de la excarcelación. Durante la vista, Junqueras alegó que sus convicciones religiosas y su compromiso con “el civismo, la concordia y la paz” son incompatibles con la participación en los “actos violentos” que le atribuyen la fiscalía y el juez Pablo Llarena. Junqueras aseguró también apostar por la “bilateralidad”, la “negociación” y el “acuerdo político”. Pero, según destacaron varias fuentes presentes en la vista, el expresidente catalán no aprovechó el turno de palabra que le concedió la sala para manifestar expresamente su acatamiento de la legalidad o su renuncia a la vía unilateral, una fórmula que sí usaron Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlament cuando comparecieron en el Supremo y que fue determinante para que se les permitiese eludir la prisión pagando una fianza.

La fiscalía pidió en la vista que Junqueras siguiera en prisión provisional ante el riesgo de reincidencia delictiva. Tras la vista, el ministerio público difundió un comunicado en el que resaltó la “ausencia de compromiso” de Junqueras con la “legalidad constitucional” y que ayer no se produjera por su parte “ninguna renuncia al uso de vías ilegales para la defensa de su proyecto político”.



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