La inestabilidad laboral de los ex presos hizo que Mirza se reuniera hace tres semanas con el vicecanciller, Ariel Bergamino, y con representantes de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Según afirmó, Cancillería mostró “una muy buena disposición” para prolongar el subsidio y el ministerio se comprometió a contestar antes del 31 de enero si aprueba el pedido o no.
Los ex presos piden que el Estado les pague el equivalente a un salario mínimo nacional por mes ($ 12.265) y también se haga cargo de sus alquileres. De concretarse, el nuevo beneficio duraría un año más y se terminaría si alguno de ellos consiguiera trabajo durante 2018.
“El estigma de Guantánamo los sigue condicionando y por eso no consiguen trabajo”, afirmó. Desde que el subsidio del gobierno empezó a mermar -a principios de 2017-, los refugiados reciben ayuda de redes de apoyo y en algunos casos viven de sus parejas uruguayas.
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