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La defensa de Montano peca de inocente


El coronel Inocente Orlando Montano ha comparecido ante un juez español. Extraditado desde los Estados Unidos a petición de la Audiencia Nacional de España, se le juzga con base al principio de jurisdicción universal, por su participación en la conspiración que condujo al asesinato en la UCA, el 16 de noviembre de 1989, de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres. Cinco de las víctimas poseían nacionalidad española, lo que habilita al poder judicial de ese país para proceder a su juzgamiento.

Montano ha comenzado a construir su discurso de defensa basado en al menos tres argumentos: que no tuvo conocimiento de las órdenes que anticiparon los hechos, que no formaba parte de la cadena de mando militar y que al momento de producirse el asesinato de los jesuitas, el expresidente Cristiani se encontraba presente en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.

Estos argumentos ya habían sido anticipados la semana pasada por el abogado defensor de los militares, quien ha insistido en la idea de que Montano no tenía mando sobre personal militar, pues desde su cargo de viceministro, únicamente impartía órdenes a los miembros de los cuerpos de seguridad.

La postura anterior, contradice las conclusiones que la Comisión de la Verdad alcanzó en su informe de 1993, cuando en el capítulo relativo a la “Violencia contra opositores por parte de agentes del Estado” señaló que: “…El entonces coronel René Emilio Ponce, en la noche del día 15 de noviembre de 1989, en presencia de y en confabulación con el general Juan Rafael Bustillo, el entonces coronel Juan Orlando Zepeda, el coronel Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes, dio al coronel Guillermo Alfredo Benavides la orden de dar muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos…”.

La presencia del coronel Montano en el Estado Mayor y su participación en las reuniones que se realizaron durante la tarde y en la noche previa al crimen está comprobada. En cuanto a su posición en la “cadena de mando” de la época, esta no era meramente “decorativa” ni “periférica”. Al contrario, parece obviarse que su cargo como viceministro de Defensa y de Seguridad Pública le permitía ejercer el mando sobre los cuerpos se seguridad de la época (Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda…) y que como coronel del Ejército también tenía capacidad de mando sobre unidades militares. Aunque no fue él quien dio la orden de asesinar a los jesuitas, estuvo presente en todas las reuniones previas que se sucedieron, abandonando el Estado Mayor aproximadamente a las dos de la mañana del 16 de noviembre, cuando las tropas del Batallón Atlacatl ya se encontraban en el campus de la UCA.  

Montano además formaba parte del alto mando militar, conocía los planes y secretos de defensa y seguridad pública. En junio de 1990, apareció al lado del entonces ministro de Defensa Nacional, general Rafael Humberto Larios, en una conferencia de prensa a la que asistieron la mayoría de medios de prensa nacionales e internacionales. Apareció defendiendo a la institución castrense de las acusaciones públicas formuladas a raíz del presente caso, rodeado de sus compañeros de tanda. El adulto mayor que ahora aparece tan frágil, postrado en una silla de ruedas durante su extradición rumbo a España, aparecía entonces con uniforme de combate, dispuesto a atacar y a defender con el poder que le daba el mando sobre los temidos cuerpos de seguridad de entonces, a cualquiera que intentara destruir y calumniar a su institución armada, como se estilaba decir en los discursos de antaño.

En cuanto a la responsabilidad del presidente Cristiani en el caso, ya se ha señalado que este fue convocado la noche del 15 de noviembre de 1989 a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto para conocer el contenido de los acuerdos alcanzados en una reunión previa, de la que al menos hasta ahora, no existe evidencia que haya participado directamente. Entre estas decisiones del Alto Mando y de las cuales participó Montano, estaba la de hacer uso de la aviación y de la artillería en sectores populosos de San Salvador, así como la necesidad de tomar medidas en contra de aquellos que eran identificados como  simpatizantes de la guerrilla.

Al respecto, la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de 1999 sobre este caso, recuerda que: “Miembros de la Fuerza Armada solían calificar a la UCA como un “refugio de subversivos”. El coronel Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa, acusó publicamente a la UCA de ser el centro de operaciones donde se planifica la estrategia terrorista del FMLN. El coronel Inocente Orlando Montano, viceministro de Seguridad Pública, dijo públicamente que los jesuitas estaban plenamente identificados con los movimientos subversivos…” (Párrafo 80 del Informe 136/99 de la CIDH). La presencia del expresidente Cristiani lo compromete a este y no exime de responsabilidad legal ni moral a los militares que previamente participaron en la toma de tales deciciones, entre estos Montano, cuyo encubrimiento de los autores intelectuales de este hecho tambien ha sido señalada por la Comisión de la Verdad y por la CIDH.

Montano arrastra el peso de su pasado, el peso de un mando que no ejerció para impedir que sus subordinados violaran sistemáticamente los derechos humanos de la población. En un informe preparado por una experta comisionada por el gobierno estadounidense, en el que se documentan operativos militares y de seguridad bajo responsabilidad de Montano durante los años ochenta, se le vincula con 65 ejecuciones sumarias en las que la víctima está identificada, 51 desapariciones forzosas, 520 casos de torturas y 533 detenciones arbitrarias. Demostrar su inocencia en el encubrimiento del caso jesuitas, obviando que en 1989 prevalecía el poder militar sobre el civil, o afirmando su desconocimiento total de lo que se fraguaba, como si hubiera sido una figura decorativa y más aún, sugerir que la presencia de Cristiani le excluye de cualquier responsabilidad, es ocultar lo que en diversos informes de derechos humanos ya se ha demostrado: que de inocente solo tiene el nombre y que la impunidad de la que gozó durante casi treinta años está llegando a su fin.

San Salvador, 4 de diciembre de 2017.

 

Roberto Burgos Viale es investigador de El Faro y abogado de derechos humanos. Especialista en temas anticorrupción. Foto: Fred Ramos



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