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El Gobierno dice que aplica el artículo 155 para garantizar la “neutralidad institucional” en Cataluña | España



El Gobierno ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña para restaurar la legalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes. Así lo asegura un escrito con la exposición de motivos para la decisión que adoptará el Consejo de Ministros, que este sábado está debatiendo las medidas concretas que llevará al Senado para hacer frente al desafío independentista. Cuando la Cámara Alta reciba la petición del presidente Mariano Rajoy se iniciará una tramitación que culminará previsiblemente el próximo viernes, cuando el pleno apruebe los planes del Ejecutivo y estos adquieran total vigencia.

El Gobierno señala directamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al subrayar que considera que las “máximas autoridades gubernamentales y parlamentarias” de Cataluña han protagonizado un “incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado (…) a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión”. El Ejecutivo observa una “desobediencia rebelde” en la acción de los dos líderes independentistas y de sus socios en el proceso de ruptura, toda una indicación de los posibles delitos en los que podrían haber incurrido las autoridades catalanas. Y por eso, argumentan en La Moncloa, la aplicación del artículo 155 de la Constitución se justifica en aplicación de sus dos presupuestos: que una Comunidad no cumpla con sus obligaciones o que actúe gravemente en contra del interés general de España.

De entre los cuatro objetivos que se ha marcado el Gobierno con su intervención, los asesores del presidente le dan especial importancia al de asegurar el bienestar social y el crecimiento económico. “Es objetivo irrenunciable de estas medidas garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica”, argumentan desde La Moncloa.

En un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Gobierno cree que hay pruebas más que suficientes de que “se ha producido no solo un incumplimiento de obligaciones constitucionales concretas sino que su actuación ha afectado gravemente al interés general de España, vulnerando principios fundamentales de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña situándose, como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2017, al margen por completo del régimen constitucional y estatutario”.

Cree el Gobierno en su estudio que la contestación de Carles Puigdemont al requerimiento formulado por Mariano Rajoy “pone de manifiesto la deliberada voluntad de persistir en la secesión de España y atentar de modo flagrante contra la soberanía nacional del pueblo español, y la integridad territorial del Estado, que son pilares básicos de la Constitución española”.



EL PAÍS

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