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Diputados negocian agenda para concluir el año


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Hay tres temas que a los diputados del Congreso les preocupa y buscan que se incluyan en la agenda de las sesiones para los próximos días. La elección de la nueva Junta Directiva del Congreso, el Presupuesto 2018 y agilizar las reformas a la Ley de Contrataciones, esta última solicitada con urgencia por los ministros de Estado.

A ellos se suman la elección de los 14 magistrados suplentes de Corte de Apelaciones, la ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, solicitada por la Fiscal General y la Ley de Bancos.

Junta Directiva

 

El tema de la elección de la Junta Directiva del Congreso comienza a escucharse entre los legisladores. La primera semana de octubre un grupo de diputados coordinados por el viceministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, se reunieron en Casa Presidencial para promover a Manuel Conde, representante del Partido de Avanzada Nacional (PAN) como uno de los posibles candidatos a la presidencia.

Pero el listado se amplía con otros aspirantes: Boris España y Nery Samayoa del bloque Movimiento Reformador (MR). España lo hace por medio del expresidente de la república, Alfonso Portillo; en tanto que Samayoa ha manifestado su aspiración con el apoyo de una parte de la bancada que está en contra de España.

Javier Hernández de la bancada oficial (FCN-Nación) también ha mostrado su interés por la presidencia y la planilla que propone está integrada por diputados de MR, Alianza Ciudadana y Todos. Otros de los candidatos que mencionan los congresistas están: Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Juan José Porras de Visión con Valores (Viva), Carlos Enrique Chavarría de Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y Oscar Chinchilla, actual presidente de este organismo.

Presupuesto

 

El jueves la sala de Finanzas del Congreso concluyó con la segunda semana de audiencias relacionadas a la discusión del proyecto de Presupuesto para el próximo año. De acuerdo al presidente de la comisión de trabajo, Adim Maldonado, hay un consenso general que la cifra del presupuesto va a bajar y que los recortes se harán en los ministerios de Comunicaciones y Desarrollo Social quienes han tenido una mala ejecución del gasto.

La comisión recomendó al titular de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que en reunión de gabinete se les informe a sus ministros que defienda el presupuesto presentado ya que en las audiencias cada entidad invitada a solicitado más asignación. Además, el congresista anunció que los integrantes de la sala evalúan si se aprobarán los préstamos externos ya que existe “mucho espacio presupuestario”.

El Ejecutivo solicitó el mes pasado en el proyecto de presupuesto un incremento de Q10 millardos para el próximo año, el cual suman un total de Q87.9 millardos. El último día que tiene el Legislativo para aprobarlo es el 30 de noviembre.

Ley de Contrataciones

 

En agosto pasado, el Ejecutivo entregó una iniciativa al Congreso para reforma la Ley de Contrataciones del Estado, la normativa busca entre otros temas: liquidar algunos contratos de obras de infraestructuras, así como reducir a 20 días las plazas para licitar.

Esta semana la Comisión de Finanzas recibió de la Procuraduría General de la Nación (PGN) una opinión favorable de los cambios a la Ley de Contrataciones. Inicialmente se propuso una mesa de trabajo ya que diputados cuestionan que se pretende disminuir los controles de transparencia en ella, se pidió además de la PGN una opinión a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Contraloría General de Cuentas, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Instituto Nacional de Estadísticas así como a varios ministerios.

“Sé que hay otras propuestas que están trabajando y es una muy delicada que se busca que el IGSS tenga acceso inmediato a medicamentos sin pasar por la Ley de Contrataciones” indicó la diputada, Montenegro. La legisladora agregó que hay varios grupos que trabajan otras iniciativas pero la que es conocida actualmente en el Congreso fue la presentada por el Ejecutivo que busca disminuir los plazos de licitaciones y agilizar procesos de liquidación, como el caso Odebrecht.



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