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Más que marcar agenda: Inoperante e indiferente – Edicion Impresa


La buena noticia de los últimos días fue que liberaron a Franz Wiebe. La mala noticia ha sido que esa liberación fue acompañada por nuevos escritos de advertencia a los ganaderos y colonos de San Pedro.

No faltaron aquellos que señalaron que se pactó con el EPP para que diera un respiro al gobierno de Cartes, los que dijeron que “otra vez aparece el EPP cuando el gobierno está en la mira de todos”, o los que directamente niegan la existencia de este grupo criminal.

Pero esto es mucho más serio. Más allá de la opinión interesada, desinteresada, con argumento o sin él, la presencia impune del EPP en la zona norte del país es una realidad.

Hablamos de presencia impune porque hace lo que quiere, y los representantes del Estado en esa zona solo sirven de adorno.

Lo que está ocurriendo a la vista de todos es inadmisible. Se están cumpliendo acabadamente las exigencias de los criminales.

Días antes, el afectado, el ganadero Pedro Galli, acudió a Mburuvicha Róga, pero al parecer ni siquiera fue recibido por el presidente de la República, Horacio Cartes, o si lo recibió, es como si no hubiera ocurrido ese encuentro.

Dicen que la reunión se realizó con el ministro del Interior, Tadeo Rojas; el comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, y el ¿asesor? Luis Canillas. No se sabe nada de lo que se dijo. Pero es fácil deducir que el ganadero amenazado no vio el respaldo del Estado.

Dos días después ya estaba retirando sus animales de las tierras de los indígenas (lo que en realidad corresponde por ley, pero no de esta forma) y anunciaban que iban a entregar uno por cada familia de esas comunidades.

Al mismo tiempo, casi todos se retiraban de la hacienda y solo quedaban unos pocos empleados.

Es decir, no hay garantía alguna de protección contra el EPP. Y a esa conclusión llegó Galli tras visitar Mburuvicha Róga.

A esta altura, la cuestión no está en si el EPP le marca la agenda a Cartes, sino que al propio presidente parece que no le importa el tema.

Su Fuerza de Tarea Conjunta no pudo nunca contra el EPP. Hay tres secuestrados aún: un colono menonita, un ganadero y un miembro de la Policía Nacional.

Es que el Gobierno está en otra cosa. El tema de la enmienda para la reelección, los bonos, la mayoría en el Senado, son prioridad.

El EPP pasó a un segundo plano. Una situación inexplicable, porque si Cartes quiere ganarse la popularidad de la gente, puede hacerlo mostrando resultados. Pero lo que se percibe simplemente es una situación de la que Colombia, en medio de sangre, resentimiento y una negociación con las FARC (con un tufillo de impunidad) está saliendo de a poco.

Los correos de Raúl Reyes (ex número 1 de las FARC) publicados por nuestro diario en el año 2009 dan cuenta de que ya a principios de este siglo el grupo criminal veía al Paraguay como un campo propicio para los secuestros y el tráfico de drogas.

En el 2002 tuvimos el primer secuestro de este tipo, que fue el de María Edith Bordón de Debernardi. Dos años después mataban a Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas Grau, y así continuó la historia.

En todos los casos, el Gobierno brilló por su ineficacia.

San Pedro a esta altura ya puede ser considerada zona liberada. No hay ningún trabajo preventivo y mucho menos represivo.

No se ve ninguna preocupación de las autoridades de Gobierno ni de la clase política ligada al cartismo, entre ellos opositores, Frente Guasu y liberales disidentes. Lo que se percibe es que el interés está en asegurar la continuidad en el gobierno (cartistas), recuperar el botín de la presidencia (luguistas) o ligar un buen zoquete (llanistas).

Entonces la decisión tomada por Galli, de seguir las exigencias, es lógica. Como también es lógico que ningún poblador dé datos sobre el EPP, y hasta se muestre predispuesto a recibir los bienes que son producto de la extorsión.

La absoluta indiferencia de este gobierno pone en peligro no solo la seguridad interna, sino la imagen del país ante el mundo.

Cartes tiene que entender que su rol le obliga a tomar con urgencia cartas en el asunto y a exigir resultados concretos a sus fuerzas de seguridad.

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