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Guatemala en su laberinto


IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / www.ipn.usac.edu.gt

 

Desde la zona 14, a menos de un kilómetro de las oficinas de la CICIG, un CACIF compacto y sus altos aliados lanzaron su tajante rechazo al pluralismo jurídico en la reforma constitucional, calificándolo de “justicia paralela”. Eso ocurrió el martes 14, a menos de 24 horas de que el Pleno del Congreso se reuniera a votar.

El rotundo “no” tuvo impacto en el Palacio Legislativo. El cuerpo de enmiendas a las reformas que una semana antes había consensuado, tras varias sesiones, la instancia de jefes de bloque del Congreso, se desbarató en su cúspide mediática, la jurisdicción del derecho indígena. La primera votación para la reforma del Artículo 203, referida a “la independencia del Organismo Judicial y la potestad para juzgar”, apenas obtuvo 70 votos, muy lejos de los 105 necesarios para aprobarla.

De los bloques mayoritarios la UNE (sus 31 votos) y Todos (12 votos efectivos, 4 ausentes) estuvieron a favor. El oficialista FCN votó preferentemente en contra (24 votos, 5 a favor y 8 ausentes), a pesar de que el presidente Jimmy Morales respaldó la formulación y consulta de las propuestas. Lo mismo hicieron el bloque legislativo Reformador (10 votos en contra, 6 a favor y 4 ausentes) y Alianza Ciudadana (ex Lider: 7 en contra, 3 a favor y uno ausente). Antes de que fuera derrotada en definitiva esa primera y controversial reforma, la UNE rompió el quórum, y la Junta Directiva programó continuar la sesión el miércoles 22.

Las autoridades indígenas han dicho que prefieren que se retire el reconocimiento de su jurisdicción, antes que se pierda toda la reforma. El rechazo del CACIF incluye una copiosa campaña en medios y redes sociales que despierta miedos y presenta el derecho indígena como agresor del orden establecido. (El no entendimiento de las elites sobre el derecho consuetudinario y sus claros alcances refleja una grave disociación en la sociedad, mucho más inquietante que la tensión política coyuntural).

Una campaña similar, pero sobre todo en redes sociales y por lo general anónima, se desató semanas antes en contra del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y la fiscal general Thelma Aldana. Las informaciones de prensa dieron cuenta que no solo fue una campaña de medios, sino además cabildeo de grupos empresariales en Washington, en diciembre de 2016 y la primera semana de febrero 2017, para forzar la salida anticipada de Velásquez y adelantar la del embajador Todd Robinson. Los mismos medios indicaron que el presidente Morales pediría el cambio de Velásquez al nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En público el presidente Morales no confirmó hasta ahora esa solicitud, pero tampoco refrendó, ni retóricamente, el respaldo a Velásquez. En cambio, la ONU sí salió en defensa del Comisionado, y el Departamento de Estado, en proceso de reorganización tras la llegada del presidente Trump, hizo causa común con el secretario Guterres. Después de varias semanas, el nuevo secretario, Rex Tillerson, definió que la política de Guatemala no se modificaría: la CICIG estaba dando frutos y había que reforzarla.  Poco después el embajador Robinson entregó la donación de su gobierno por US$7.5 millones, materializando esa voluntad.

El jueves 16 Norma Torres, congresista demócrata por California, de origen guatemalteco, introdujo una iniciativa de resolución bipartidista en la Cámara de Representantes reafirmando el compromiso del Congreso en la lucha contra la corrupción en Centroamérica, y de respaldo a Velásquez.

La aplicación del “veneno” de la justicia incluye la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Blanca
Stalling fue la tercera integrante de la CSJ desaforada por actos ilícitos en menos de un año, y la presidente Silvia Valdés fue destituida por la CC. El nuevo presidente de la Corte, Nery Medina, pertenece al bando mayoritario anti-CICIG, pero, progresivamente, la relación de fuerzas dentro de la CSJ electa en 2014 por el PP y Lider, está modificándose. Dentro de poco el Congreso elegirá el 13o. magistrado, cargo para el cual solo hay tres suplentes sin tachas.

Pero cuando la política parecía entrar a un breve receso, el propio presidente Morales agitó las aguas con un mensaje críptico, justo el 16, cuando su hijo y hermano recibieron medidas sustitutivas para salir de la cárcel. Dijo: “me han generado hasta rumores de Golpe de Estado bien fundamentados, pero no me da temor, fui electo democráticamente y democráticamente en algún momento debo entregar el puesto”. En el ínterin no pasan inadvertidas las visitas al país, como la del expastor y ahora conferencista y coach, John Maxwell, que anima al gobernante y a su Gabinete.

Tampoco la programada para los próximos días 21 y 22 del secretario de Seguridad Nacional de los EE. UU., John Kelly, un conocedor a fondo de las elites y los procesos del país, desde que fue jefe del Comando Sur, y uno de los protagonistas de la política de continuidad hacia Guatemala en el Gabinete del presidente Trump. Su visita coincidirá con la vuelta al Pleno del Congreso del debate sobre el derecho indígena en la Constitución.

1.- En Honduras, en cambio, no hay resultados, y ese país se convierte en la preocupación mayor de los EE. UU. en la región.

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