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Hijo y hermano del Presidente facilitaron documentos para sustracción de fondos en el Registro de la Propiedad


José Manuel Morales Marroquín, hijo del Presidente, fue detenido ayer y enfrenta cargos por fraude. Según las pesquisas del Ministerio Público (MP), este consiguió facturas y falseó cotizaciones para que la familia de su exnovia se beneficiara con tres adjudicaciones del Registro General de la Propiedad.

Morales Marroquín consiguió las facturas con la ayuda de su tío Samuel Everardo Morales, imputado por fraude y también por lavado de dinero. Otra de las facturas por servicios inexistentes fue facilitada por Gilmar Othmar Sánchez Herrera –amigo del mandatario Jimmy Morales y diputado por FCN-Nación al Parlacen–. El MP presentó una solicitud de antejuicio contra Sánchez para investigar su vinculación en este caso.

En poco más de un mes, del 5 de noviembre al 9 de diciembre de 2013, el Registro General de la Propiedad efectuó dos erogaciones por servicios de alimentación inexistentes que suman Q179 mil 975 sin ningún sustento y Q89 mil 958 por canastas navideñas a una empresa que no vendió dichos productos.

Morales Marroquín consiguió los documentos para hacerle un favor a la madre de su exnovia Abdi Estrada, que carecía de personalidad jurídica para participar en los concursos y emitir facturas.

Para que pudieran obtener los beneficios, el hijo del mandatario les proporcionó una factura de Fulanos y Menganos, vinculada con Sánchez y dos más de Plus Espectáculos y Promociones, representada por su tío Sammy.

Plus fue constituida en 2004 por Hilda Marín Muralles y Edgard Fernando López, quien formaba parte del pelotón en el sketch La Tropa Loca del programa Moralejas.

Además de prestar las facturas, ambas compañías cobraron pagos por servicios que no prestaron y recibieron fondos en sus cuentas para después trasladarlos a Mario Orellana, el padre de la exnovia de Morales Marroquín. Por eso el señalamiento por lavado de dinero contra Sammy y Gilmar.

Sin beneficio económico

“El estado de la investigación actual muestra que los señores Morales Marroquín y Morales Cabrera no tuvieron ningún beneficio de los dineros erogados por el Registro, sino que se trataría solo del favor a Abdi Orellana, dada la relación de su hija con José Manuel”, de acuerdo con Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). No obstante, la fiscalía aún no cuenta con análisis financieros para descartar dicho extremo.

Si Orellana López fue beneficiario directo de las contrataciones por servicios inexistentes, es una interrogante que se despejará en el curso de la investigación, de acuerdo con el MP.

Morales Cabrera fue detenido en su residencia, en la zona 4 de Mixco, mientras que el hijo del mandatario se presentó al juzgado debido a la imposibilidad de las autoridades para ingresar en la residencia presidencial.

A las 6:30 horas (de ayer), la fiscal general, Thelma Aldana, envió una nota al Presidente en la que le informa del probable “compromiso penal” de su hijo José Manuel, por lo que contaban con una orden de captura.

Pero debido a la inmunidad domiciliaria, no era posible ejecutar la aprehensión. “Invocando su compromiso con la justicia”, se le insta para que Morales Marroquín comparezca ante la judicatura”, cita la nota.

Si el mandatario tiene algún nivel de implicación, se determinará en el curso de la investigación, manifestó Aldana.

Sin embargo, el comisionado Velásquez precisó que el representante legal de Plus es Samuel Morales y la relación establecida se definió entre José Manuel y su tío.

El caso ilustra una práctica que se sospecha es común en la administración pública, de acuerdo con el jefe de la CICIG. “Las contrataciones ya estaban dirigidas a determinada empresa, se sabía desde el inicio a quién se adjudicaría”, puntualizó Velásquez.

Antejuicio contra diputado oficialista

Gilmar Sánchez, diputado electo por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), estaría relacionado con la Corporación Fulanos y Menganos, de acuerdo con las pesquisas preliminares que sustenta la solicitud de antejuicio en su contra.

La factura que presentó por los desayunos que no se sirvieron “fue llenada por Julio Leonardo Díaz Mejía –cajero de Fulanos y Menganos– quien indicó que su jefe y gerente general Gilmar Othmar Sánchez Herrera le indicó que dicha factura la tenía que apartar para uso personal”, explicó la fiscal general, Thelma Aldana.

“Acciones de esta naturaleza constituyen una práctica corrupta que permite la sustracción de fondos del Estado”.

Iván Velásquez, jefe de la CICIG.

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